Por primera vez en Venezuela el Día del Trabajador no se conmemora con multitudinarias marchas por derechos salariales. Ahora la protesta es silente, desde casa, y está forzada a acatar una cuarentena social.

Bajos salarios, una Convención Colectiva que es letra muerta desde 2018, y una escalada de detenciones y acciones arbitrarias contra el movimiento sindical, son los principales problemas que enfrentan en medio de la pandemia.

“Es el primero de mayo más negro de la historia republicana”. asegura Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, quien no duda en pensar que el país puede estar a las puertas de un “estallido social”. Los recientes saqueos en varios estados del país son una señal certera del enfado colectivo.

“El hambre no espera. Trabajadores que están sin suficientes ingresos prefieren desafiar las medidas de prevención del Covid-19 para tratar de subsistir”, comenta. Desde hace tres años por la hiperinflación, quienes laboran en el sector público han tenido que recurrir a la economía informal en sus horas libres, para terminar de completar un salario que les permita comer, entre una y dos veces al día.

“Hemos sido condenados a la esclavitud. Un trabajador público prácticamente está subsidiando al Estado, porque lo que gana no le alcanza ni para pagar un pasaje”, dijo Julio Marín, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), al resaltar que el 50% de los trabajadores de la gobernación renunciaron en los últimos dos años; la fuga ha sido de 18 mil personas.

Héctor Contreras, vocero de la CTV, indicó que desde que el chavismo llegó al poder, las violaciones a los derechos laborales han sido una constante, desconociendo el diálogo social que establece la Constitución entre gobierno, empresarios y trabajadores, esto quedó evidenciado el 27 de abril cuando el ministro del Trabajo Eduardo Piñate anunció que el salario mínimo integral quedó fijado en 800 mil bolívares, que equivale a cuatro dólares, según la tasa del mercado paralelo.

“Es una burla que no permite adquirir ni el 1% de la canasta básica familiar, que en marzo se ubicó en 239 dólares”, comentó Contreras, es decir, se necesitan 59 salarios mínimos para adquirirla.

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, alega que las situación se agravó en agosto de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro decretó una reconversión monetaria. Desde ese momento el Contrato Colectivo de cada gremio comenzó a irrespetarse. “Establecieron que los tabuladores salariales tengan como base el salario mínimo, desconociendo el nivel de estudio y los años de experiencia de cada trabajador”, explicó.

“Se dejaron de honrar primas salariales, bonos de especialización y doctorado. Acabaron con la seguridad social porque el HCM quedó en 150 bolívares, el seguro funerario equivale a 200 bolívares y el Ipasme quedó sólo para convalidar reposos”, refirió.

Actualmente los educadores de Lara enfrentan una denuncia en el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Barquisimeto por acatar paro de actividades escalonados por varios meses por exigir mejoras salariales. Arroyo indicó que las medidas de retaliación han afectado a más de 300 educadores que tienen salarios suspendidos, han sido amedrentados, asignados a planteles lejanos sin consultar.