Aunque existen formas de que un futuro gobierno democrático logre recuperar los fondos robados de PDVSA, hay diferencias de criterio que podrían hacer que Venezuela pierda lo robado por los cleptócratas chavistas

El destino de miles de millones de dólares escondidos en cuentas bancarias, propiedades de lujo y autos exóticos, de funcionarios venezolanos condenados y sus amigos testaferros de negocios, se ha enredado en una colosal batalla legal en la corte federal de Miami, que tiene por un lado a la oposición venezolana, encarnada en el gobierno interino de Juan Guaidó, que lucha por recuperar grandes sumas de dinero robadas por altos funcionarios del régimen de Maduro mediante sobornos y esquemas financieros hechos en PDVSA.

Mientras que por el otro lado, está el gobierno de Estados Unidos, el cual se niega a entregar los activos incautados a las docenas de acusados de saquear PDVSA y ocultar el dinero en cuentas bancarias estadounidenses y europeas, mientras que Maduro permanezca en Miraflores.

Además, las negociaciones secretas entre el Departamento de Justicia y los representantes del gobierno interino venezolano, sobre cómo distribuir el dinero saqueado a PDVSA han fracasado: «No parece que tal acuerdo esté a punto de concretarse en este momento», admitieron los abogados en una reciente presentación judicial, según nota del Miami Herald.

La falta de avances y progreso ha aumentado la importancia de un caso extraordinario de corrupción que podría tener repercusiones para el futuro de los fondos gubernamentales malversados en Venezuela.

«Si no se han gastado todo en Ferraris y bienes raíces, estamos hablando de miles de millones de dólares en juego», dijo Russel Dallen, abogado y gerente de inversiones de empresas en el sur de la Florida y en Caracas, que ha seguido la serie de procesos de lavado de dinero de Venezuela en Miami y Houston, aclarando que «todo el dinero fue robado de PDVSA».

En estos grandes casos que se deliberan en Miami, se acusa a funcionarios de PDVSA, empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y a otros asociados, de convertir un préstamo de 40 millones de dólares realizado a la estatal petrolera, en una ganancia inesperada de 600 millones de dólares entre 2014 y 2015 a través de un sistema de cambio favorable de divisas, que sólo estuvo disponible para las personas con contactos, información política, o como coloquialmente se les llama en Venezuela, «enchufados», por su capacidad de mantenerse conectados en todos los negocios que fluyen en régimen narco corrupto de Maduro y compañía.

De los nueve acusados en el caso, tres se han declarado culpables, incluyendo a Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planificación de PDVSA, quien admitió haberse embolsado 12 millones de dólares en sobornos para ayudar a las empresas de maletín a recibir préstamos falsos de PDVSA y que éstos pudieran ser reembolsados a través del sistema de cambio de divisas indicado por el gobierno.

Un juez federal ya logró que el gobierno realizara la incautación de los millones de Ortega, como parte de su acuerdo para declararse culpable.

Este caso de Ortega fue el que logró abrir la puerta al gobierno venezolano para entrar en el juego con la esperanza de recuperar no sólo los pagos ilícitos de Ortega que fueron depositados en Florida, sino también todo el dinero que el gobierno afirma que perdió como resultado de sus actos de corrupción siendo funcionario.

Pero pronto se descubrió que la Fiscalía venezolana, en manos de Maduro, lideraba esfuerzos para recuperar ese dinero en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, pero los fiscales estadounidenses sólo reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Luego, un abogado designado por Juan Guaidó entró en escena, reclamando ser el representante legítimo de Venezuela.

Sin embargo, y en una acción que ha permitido un giro completo del caso, el representante legal de Guaidó y un bufete de abogados de Washington buscan accionar dejando de ser defensores de Venezuela buscando recuperar el dinero en beneficio de PDVSA, alegando que la compañía es una «víctima» de malversación de fondos por parte del grupo de cleptócratas venezolanos.

El problema es que el Departamento de Justicia no sólo se niega a reconocer a PDVSA como víctima bajo alguna ley federal, sino que cree que la estatal petrolera bajo el mando de Maduro ha sido «cómplice» en sobornos y esquemas financieros que han agotado la nación de recursos valiosos para paliar la crisis que actualmente vive.

El resultado de esta disputa con los fiscales estadounidenses en Miami y Washington podría tener implicaciones para los miles de millones de dólares que el Departamento de Justicia está buscando en varios procesos judiciales de corrupción de Venezuela, en los Estados Unidos.

Ortega fue descrito como un «empleado deshonesto» durante una presentación judicial por los abogados del bufete Arnold & Porter, quienes representan al gobierno interino, durante una presentación judicial. Esto lo hacen para aclarar que Ortega cometió sus delitos contra la compañía, por lo tanto PDVSA es una víctima según la ley estadounidense, lo que le daría derecho a los fondos incautados por el Departamento de Justicia.

«El registro muestra que Ortega, entonces ejecutivo de PDVSA, conspiró para malversar cientos de millones de dólares de PDVSA y hacer su correspondiente lavado», dice un documento judicial. «Ortega recibió 12 millones de dólares en sobornos y estaba programado para recibir aún más cuando las autoridades intervinieron; a cambio manipuló los mecanismos de PDVSA desde adentro para canalizar los ‘reembolsos de préstamos’ falsos a empresas de maletín para extraer dinero de PDVSA», completa.

Según una presentación judicial, la decisión estratégica fue tomada por el fiscal del caso nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández.

«El fiscal general especial concluyó que la República no es el solicitante apropiado para el reconocimiento del estado de la víctima y la restitución, sino que el solicitante apropiado es PDVSA», dice la presentación, señalando que era esencial «proteger los activos del pueblo venezolano».

Pero PDVSA, incluidas sus filiales, es sinónimo de corrupción para los fiscales estadounidenses, a pesar de que la estatal no ha sido acusada en ningún caso de corrupción ni lavado en Estados Unidos.

Ante el último movimiento del equipo de Guaidó, los fiscales federales aclararon que PDVSA, sin importar quién lo controle, no puede recibir el dinero incautado en los casos de lavado de dinero pues la compañía petrolera no calificaría como «víctima», bajo la ley estadounidense pues «participó en la conducta corrupta generalizada».

«El hecho de que el gobierno no haya acusado a PDVSA de un delito relacionado con el esquema o lo haya identificado como un cómplice no acusado en los documentos presentados contra los acusados en estos casos, no tiene lugar», escribieron el abogado litigante del Departamento de Justicia Paul Hayden y el fiscal federal de Miami, Michael Nader, en una presentación judicial.

Los juristas estadounidenses aclararon su punto diciendo que durante los últimos 10 años «12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios de la petrolera recibieron sobornos y 1 intermediario, se han declarado culpables  en relación con las investigaciones en curso sobre corrupción en los Estados Unidos, en PDVSA».

Además de Ortega, en la lista se encuentran Edoardo Orsoni, ex asesor general de PDVSA y una de sus filiales; Abraham Shiera y Roberto Rincón, contratistas de PDVSA; José Luis Ramos, ex gerente de compras de PDVSA; Javier Alvarado Ochoa y César Rincón, ex altos funcionarios de la filial de adquisiciones de PDVSA, Bariven.

Otros países como España, Portugal y Suiza, han abierto casos penales contra funcionarios de PDVSA.

Observadores legales como Dalle, citados por el Miami Herald, no estuvieron de acuerdo con la posición del gobierno estadounidense pues creen que PDVSA se convierte en víctima cuando Ortega viola su deber fiduciario con la compañía petrolera a un costo de cientos de millones de dólares.

«Si Estados Unidos continuará procesando a personas por aceptar sobornos en violación de sus deberes fiduciarios, entonces el gobierno debe ser honesto sobre todo el proceso», dice Joseph DeMaria, ex fiscal federal y abogado que ha defendido a varios empresarios venezolanos, e hizo alusión al caso federal de Nueva York que acusa a la FIFA y a otros asociados de soborbos y corrupción, en el que un juez federal determinó que la organización era una víctima.

«Pero, en este caso, se declaran culpables y el gobierno trata de evadir los elementos del crimen y hacerlo en ambos sentidos: condenar a Ortega y también negar la condición de víctima de Venezuela. Si el gobierno realmente quiere privar al pueblo venezolano del dinero, deben presentar sus pruebas al tribunal en una audiencia probatoria para demostrar que PDVSA es un conspirador», dijo DeMaria al diario de la Florida.

Se espera ahora que la jueza del distrito, Kathleen Williams, quien lleva el caso de Ortega, decida si se celebrará una audiencia sobre los esfuerzos de PDVSA para recuperar ese dinero.

Aún, si ese plan fallase, existe una legislación aprobada el año pasado a la que podría recurrir Guaidó para recuperar estos fondos. La ley, que fue impulsada por Marco Rubio, establece la creación de un fondo para administrar los bienes incautados de funcionarios gubernamentales y cleptócratas «que podrían devolverse a un futuro gobierno democrático en Venezuela».