Clemente Ricardo Silva

Un empresario con residencia en el sur de Florida es uno de los principales dueños de un proyecto conjunto con el Ministerio de Defensa de Venezuela para explotar oro desde las profundidades de la selva amazónica pese a las sanciones impuestas por Washington a las operaciones mineras del régimen de Nicolás Maduro.

Por Antonio Maria Delgado

El empresario trinitario-venezolano Clemente Ricardo Silva, con residencia en la ciudad de Doral, emerge como el principal inversionista en la construcción de una planta de cianuración en la localidad de Las Claritas en sociedad con militares venezolanos y figuras claves del régimen, dijeron fuentes militares y documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald.

Silva alega que él vendió su participación en el proyecto y mostró a el Nuevo Herald dos cartas que dijo fueron enviadas al Ministerio de Minas, notificando sus intenciones de salir del proyecto, después que el gobierno de Estados Unidos sancionara las operaciones mineras del régimen.

No obstante, Silva y sus hijos aparecían en el Registro Mercantil de Venezuela como los principales dueños del proyecto, poseyendo el 80 por ciento del capital social, el 20 de enero de este año. Y las minutas de una reunión del directorio celebrada en octubre dan cuenta de la participación de Silva como el mayor accionista. Esa reunión fue realizada meses después del momento que Silva dice se separó del proyecto.

A medida de que los ingresos petroleros caen significativamente, Maduro ha conseguido en la industria aurífera del país una importante fuente de ingresos para su régimen. La minería de oro en Venezuela, así como en muchos otros países latinoamericanos, es una actividad violenta dominada por el crimen organizado y de impacto ambiental destructivo.
Parte sustancial del “oro de sangre” venezolano es vendido en el exterior a consumidores que desconocen su procedencia, siendo en ocasiones colocado en Miami, determinó una investigación realizada el año pasado conjuntamente por el Miami Herald y la organización colombiana InfoAmazonia.

La planta vinculada a Silva está siendo construida en una de las zonas más ricas en oro de Venezuela y estaría en condiciones de procesar inicialmente unas 400 toneladas diarias de arenas auríferas para producir entre 80 y 150 kilogramos de oro al mes, o entre una y dos toneladas del metal al año.

Pero el grueso de esa producción difícilmente iría a parar a las arcas del Estado como establece la ley, ni sería utilizada para aliviar las grandes carencias que sufre la población venezolana, dijo el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera.

Como es el caso con casi todas las operaciones de oro en la región, la mayor parte de la producción del nuevo complejo probablemente será entregado al régimen y las ganancias serán usadas para engordar los bolsillos de los militares que sostienen a Maduro, dijo Cristopher Figuera, un general mayor que encabezó el servicio de inteligencia de Maduro hasta que desertó en abril.

“Maduro dirige una empresa criminal”, dijo Cristopher Figuera, quien agregó haber investigado el “saqueo” del sector aurífero venezolano antes de partir hacia Estados Unidos bajo riesgo inminente de arresto.

En ese esquema de operación criminal, “no se dejan rastros por escrito, sino que se dan instrucciones [debajo de la mesa], operando como si se tratara de una banda de delincuentes, para la asignación de estos contratos” de explotación de oro, explicó en una entrevista telefónica.

En las operaciones mineras de la región hay todo tipo de actores, incluyendo pequeños mineros privados, llamados artesanales, elementos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y hasta bandas criminales. Pero los que ejercen el verdadero control al final son los militares venezolanos, quienes controlan todo, dijo Cristopher Figuera.

GRUPO ORIZONIA

Silva se convirtió en el mayor accionista de la compañía que construye la planta, Grupo Orizonia, en febrero de 2019 después de financiar la compra de equipos chinos utilizados en el proyecto.

En una entrevista realizada este mes en su oficina en Doral, Silva confirmó que había comprado los equipos y las acciones en Orizonia, pero dijo que tomó medidas para vender su participación en la compañía al mes siguiente, en marzo, al enterarse de que la administración estadounidense había sancionado las operaciones de oro del estado venezolano.

“Cuando salió [el anuncio de las sanciones] presentamos una solicitud de venta, porque cualquier compromiso, para poder registrarlo, debe ser aprobado por el Ministerio de Minas, que es el que otorga la autorización,” dijo Silva.

Según el empresario, la solicitud al ministerio fue primero entregada en marzo y después, ante la falta de respuesta, se introdujo nuevamente en septiembre, sin que aún se haya recibido respuesta.

Silva entregó copias de las dos cartas enviadas, pero el Miami Herald no pudo confirmar de manera independiente de que fueron introducidas ante el ministerio.

Silva dijo que actualmente no tiene participación directa en el negocio, después de haber firmado un documento privado con el anterior accionista mayoritario del Grupo Orizonia, Américo Figuera, para venderle el 80 por ciento de la compañía a cambio de una promesa firmada de recibir de regreso su inversión inicial una vez que comience la producción de la mina.

Américo Figuera, por su parte, confirmó que se había celebrado un acuerdo privado entre él y Silva sobre la propiedad de la empresa.

Pero al día de hoy, la transferencia de propiedad aún no se ha materializado. Ese hecho quedó registrado en las actas de la última reunión de accionistas que aparece en el Registro Mercantil de Venezuela, donde Silva asistió como propietario del 30 por ciento del negocio, acompañado de sus dos hijos, Klemens Alejandro Silva y Ricardo Leslie Silva, que son propietarios de 25 por ciento cada uno.

En esa reunión, celebrada en octubre, los oficiales acordaron registrar un cambio en la dirección física del Grupo Orizonia, trasladando la compañía al mismo piso de la oficina donde se encuentra la compañía de Silva, The Silva Group, en Puerto Ordaz.

Silva es un empresario próspero que posee varias corporaciones en Venezuela, principalmente dedicadas al transporte aéreo y marítimo a través del Orinoco, el río más grande del país y la principal vía fluvial del minero estado Bolívar.

Según la página de Internet de la empresa, el Grupo Silva posee cuatro compañías diferentes en Venezuela: Consorcio SMT Silva C.A., Silva Shipping Agency, SermaTransil C.A. y S&S Orinoco Aviation.

Silva también posee dos casas millonarias en el condado de Miami-Dade, según muestran los registros de propiedades del condado. En 2012, pagó $1.2 millones por un condominio en Brickell Key. Tres años después, compró una casa Doral de cinco habitaciones por $1.25 millones.

El empresario operó hasta el 2018 una estación de transferencia frente a las costas venezolanas que trabajaba bajo contrato para la estatal Ferrominera del Orinoco. La estación, que consta de dos grandes barcos propiedad de Silva, recibía briquetas de hierro transportado a través del río Orinoco en chalanas. El grupo también cuenta una compañía de helicópteros que brinda servicios a las compañías mineras de la zona.

LAS CLARITAS

El gobierno de Estados Unidos, que considera ilegítimo al régimen de Maduro, ha tomado una serie de medidas para reducir sus fuentes de ingresos.

El senador estadounidense Marco Rubio calificó el comercio de oro extraído ilegalmente de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas como una “amenaza directa” para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

El año pasado, la administración Trump emitió lo que llamó un “bloqueo total” al régimen de Caracas que impide a las empresas y ciudadanos o residentes estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela salvo que cuenten con una exención específica del departamento del Tesoro. Grupo Orizonia no parece contar con tal exención, lo que podría significar problemas para cualquier persona estadounidense que tenga interés en esa compañía.

“Si una persona de los Estados Unidos participa en una transacción no autorizada u otros tratos con una entidad del Gobierno de Venezuela, o con cualquier otra persona bloqueada que opere en el sector del oro de Venezuela, es probable que constituya una violación de las sanciones de los Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento del Tesoro en un correo electrónico dirigido a el Nuevo Herald.

Según documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald, el contrato para la construcción de la nueva planta en la localidad selvática de Las Claritas fue obtenido por la compañía venezolana Grupo Orizonia C.A. en sociedad con la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petroleras y de Gas “CAMIMPEG”, empresa creada por Maduro para otorgarle a los militares que le respaldan una tajada en las operaciones mineras y petroleras del país.

Bajo los términos del contrato firmado con la empresa militar firmado en el 2018, Orizonia obtendría un 45 por ciento de la producción del metal producido, comprometiéndose a entregar un 30 por ciento a Camimpeg y otro 25 por ciento a la Corporación Venezolana de Minería.

Ubicada muy cerca de los Tepuyes, las majestuosas mesetas que adornan la selva venezolana, la planta de cianuración en construcción es solo el primer paso de una operación que aspira ser de gran escala.

“Estamos hablando de una planta de 400 toneladas diarias que puede sacar más de 100 kilos mensuales. Pero después vienen ampliaciones, para convertirlo en un gran complejo, que podría terminar procesando entre cinco y diez veces la capacidad inicial, dependiendo de la cantidad de molinos que instalen”, dijo una de las fuentes familiarizadas con el proyecto que habló bajo condición de anonimato.

Aún cuando estas dos empresas estatales, CVM Y Camimpeg, no han sido identificadas directamente por nombre, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado reiteradamente al régimen de Caracas, incluyendo sus operaciones con oro.

“Maduro y su red ilícita están mal utilizando las operaciones mineras de oro venezolanas como manera para robar al pueblo venezolano después de haber mal administrado y saqueado la colapsada industria petrolera”, declaró el Departamento de Estado en marzo al anunciar las sanciones contra el sector aurífero del país, y en particular a la estatal CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, Minerven.

“Las acciones tomadas hoy evitarán que Maduro y otros actores corruptos sigan enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo venezolano. Adicionalmente, ayudarán a detener el daño ambiental de la minería y la explotación laboral de la industria de oro en Venezuela”, agregó.

En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a todo ciudadano o residente estadounidense hacer negocios con empresas o agencias estatales bajo el control del régimen de Maduro, salvo que obtengan una licencia especial del Departamento del Tesoro.

Benjamin Gedan, subdirector del programa latinoamericano en el Wilson Center, un grupo de expertos de Washington D.C., dijo que la industria aurífera se había convertido en un salvavidas para el régimen de Maduro.

“El gobierno de los Estados Unidos pensó que una vez que al ahogar la industria petrolera, esencialmente estaría ahogando a toda la economía, pero de hecho, el régimen ha sido ágil en la búsqueda de otras fuentes de ingresos, especialmente el oro”, dijo Gedan, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de la Administración de Obama y fue responsable de la política venezolana. “Nadie calculó que serían tan rápidamente capaces de generar una industria casi desde cero…. En la medida en que los actores internacionales están comprando oro venezolano, está proporcionando un salvavidas al régimen”.

DEBAJO DE LA MESA

Aun cuando el contrato con Camimpeg otorga un manto de legalidad, la operación en realidad tiene previsto engordar los bolsillos del “consorcio criminal” controlado por Maduro y hombres claves de su régimen, quienes actualmente controlan la mayor parte de la explotación aurífera del país, dijeron las fuentes con conocimiento de la situación.

Bajo el esquema establecido hasta ahora por el régimen, la mayor parte la producción de los mineros que trabajan en el sector termina siendo entregada al consorcio en vez de ser vendida al Banco Central de Venezuela como estipulan las leyes.

El consorcio cuenta actualmente con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año, dijeron las fuentes a el Nuevo Herald.

Múltiples testimonios recogidos confirman que la operación podría estar generando más de $1,500 millones al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como la principal beneficiaria.

Las fuentes dijeron que la planta de Orizonia, una vez construida, ayudaría a incrementar ese total, siendo destinadas porciones importantes de la producción a engrasar los engranajes de corrupción que sostiene al régimen, dijo Cristopher Figuera.

“El oro quedó bajo la responsabilidad de [el ex vicepresidente] Tareck El Aissami, quien es quien asigna este tema de las explotaciones”, dijo el mayor general, quien hoy vive en Estados Unidos.

Pero cada operación tiene que tener a la vez relaciones de complicidad con jerarcas de la fuerza armada, que también se benefician. De la misma manera, tiene que haber complicidad del Ministerio de Industrias, y tiene que haber complicidad con el alto gobierno para tener acceso a este tipo de explotación”.

El Aissami, quien es hoy una de las figuras centrales del régimen, fue sancionado por Washington en febrero del 2017, siendo acusado de jugar un papel significante en el tráfico internacional de narcóticos.

La máxima cúpula del régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del Estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.

Pero la explotación de oro les ofreció un nuevo horizonte de oportunidades, ya que fue el propio régimen el que creó sus propias reglas de juego que les permite operar sin ningún tipo de fiscalización, explicó.

“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente y fue después de todo un proceso de preparación que pudieron saquear. Cosa que hicieron hasta llevarla a la quiebra”, señaló el militar.

“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa mil kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.

Original de: El Nuevo Herald