Marco Tulio Dugarte

La clave del caso que investiga la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela es una cuenta en Suiza a nombre de un presunto testaferro del exfuncionario judicial

Un complicado caso salpica al exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,  Marco Tulio Dugarte Padrón, quien enfrenta la acusación de utilizar a un supuesto testaferro para lavar dinero de dudosa procedencia en una suma que asciende a 4 millones de dólares. También lo señalan de quedarse como propietario de una reconocida firma constructora en la nación sudamericana.

Una serie de artículos publicados en el diario La Razón, de Caracas, revela una extraña maniobra entre el exmagistrado Dugarte y  una persona identificada como César García Urbano Taylor, con el propósito de apropiarse de la firma constructora Edivial C.A., cuyos socios salieron del país en el año 2010, forzados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Al respecto, una denuncia presentada ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional permitió conocer que “el magis”, como llamaba el supuesto testaferro al exmagistrado Dugarte, tendría en el Davos Bank, en Suiza, una cuenta con 4 millones de dólares a nombre de García, dinero que en parte inyectó a la empresa constructora, “para quedarse posteriormente con ella”, además de 14 apartamentos que se titularon a terceras personas y otros 3 a nombre del señalado testaferro.

La denuncia

En el contenido de la denuncia formulada ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, además de los nombres del exmagistrado  Marco Tulio Dugarte Padrón y el de César García Urbano Taylor, también se reseña el de Alejandro Rivero Romano, representante de la firma Antiempresa 2006, quien sería otro presunto testaferro del exalto funcionario judicial venezolano.

Asimismo, en la reclamación se menciona como afectados a los hermanos Humberto, Ricardo y Enrique Padrón, junto a su socio Rafael Ontiveros, los cuatro, ingenieros de profesión y copropietarios de la firma Edivial C.A., todos radicados actualmente en el estado de la Florida, Estados Unidos, y quienes demandan el reconocimiento de sus derechos como propietarios de la compañía y los dividendos obtenidos en un par de proyectos millonarios.

Entre los apartes más sobresalientes de la denuncia destaca una solicitud para justificar la existencia de una cuenta con 4 millones de dólares a nombre de César García Urbano Taylor, su relación con el exmagistrado Dugarte Padrón y cómo este último logró pasar de una humilde vivienda a una lujosa mansión, y a poseer un yate.

De igual forma, los investigadores de la Asamblea Nacional tendrán que esclarecer cómo el exmagistrado Dugarte Padrón y sus hijos, un yerno y otras personas cercanas a él se convirtieron en los propietarios de 14 apartamentos de uno de los proyectos de la firma constructora. Existen evidencias de que los trámites de titulación de estos inmuebles se hicieron en la notaría de la madre de García, y algunos documentos supuestamente falsos también pasaron por el mismo despacho.

Según versiones extraoficiales, el exmagistrado vivía alquilado en un apartamento en el barrio El Marqués y de allí salió para una mansión en La Lagunita. También tiene un yate de 100 pies, que es uno de los más grandes del país, valorado en millones de dólares.

Obligados a dejar Venezuela

En declaraciones a Diario Las Américas, Rafael Ontiveros, uno de los accionistas de la firma constructora Edivial C.A. dijo que “nosotros tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte  del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”.

Según su relato, “tuvimos [antes de huir del país] muchos compradores e inversionistas satisfechos, que repitieron comprando nuevamente apartamentos o invirtiendo en varios proyectos, y uno de esos inversionistas fue César García [supuesto testaferro del exmagistrado Dugarte], quien nos compró inicialmente un apartamento en un proyecto nuestro en El Rosal”.

Acorde con el testimonio de Ontiveros, “César [García] en ese momento era una persona joven, con poca experiencia profesional y se nos acercó interesado en ser inversionista en nuevos proyectos. Uno de esos fue uno a desarrollar en un terreno en Las Mercedes, calle París con Mucuchíes, frente a Jardín de Las Mercedes”.

Agregó que “él [García] ofreció los fondos para la compra del terreno, a cambio de una cantidad de metros cuadrados de oficinas que se iban a construir y nosotros le pedimos una prueba de fondos para hacer una oferta firme, y nos mostró que disponía de recursos económicos, por lo que procedimos a sacar adelante ese proyecto”.

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Aparece el nombre del exmagistrado

De acuerdo con lo manifestado por Ontiveros, la relación con el “inversionista” César García fue creciendo en cordialidad y confianza, pero de un momento a otro se encontraron con una verdad que les despertó desconfianza.

“Con el tiempo [César García] nos informó que quien estaba detrás de él era el magistrado Marco Tulio Dugarte, ahora exmagistrado, ya que lo hicieron renunciar en diciembre pasado con otros 12, asunto que no nos gustó, pero que supimos después de hacer el negocio con César”, explicó.

A juicio de Ontiveros, el negocio ya no se podía echar para atrás porque estaba formalizado y cerrado entre las partes. “Además, pensamos que ellos sabrían lo que hacían, y que esto con nosotros era otra negociación, muy clara por lo demás”, subrayó.

Cambio de rumbo

De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa el supuesto testaferro del exmagistrado Dugarte les solicita a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución.

“Estábamos en grave peligro, y él lo sabía, pero no nos podía decir nada sobre eso, y al hacerse cargo de la obra, antes de nuestra salida del país, también le dejamos toda nuestra estructura y personal, y la obra con más de un 50% de avance. Por la gran presión con lo del peligro y las amenazas, le firmamos un documento entregando las acciones y a cambio nos entregó un contradocumento”, señaló.

Para Ontiveros, “todo iba muy bien” hasta que García se vio manejando la empresa y “procedió a traicionar la confianza absoluta que le dimos”. Los accionistas de Edivial y García habían acordado, según Ontiveros, que se respetaría la inversión en efectivo realizada por los socios originales, unos 8 millones de dólares, y los aportes como empresa, más la utilidad que dejara el negocio hacia el futuro.

“Luego comenzó a darle largas a las cosas y a comportarse de manera agresiva. Estuvimos más de cuatro años tratando de recuperar lo nuestro con el diálogo, pero hace dos años contratamos la asesoría de varios abogados y a comienzos de año uno de esos abogados vio una posibilidad de accionar a través de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, para lo que prepararon una denuncia orientada a  que nos reconozcan lo nuestro”, dijo.